Es común que la ubicación y el desarrollo de proyectos se decida en función del valor del suelo, de su potencial productivo y viabilidad económica y técnica, sin considerar la viabilidad ambiental y legal. En muchas ocasiones tampoco se contempla cómo los procesos naturales pueden significar algún tipo de riesgo natural (Ej: cambio climático, erosión, subsidencia, entre otros) que puedan condicionar su viabilidad.

El grado de deterioro ambiental actual obliga al sector público, privado y financiero a actuar con responsabilidad y asegurar su inversión a través de esquemas sostenibles de desarrollo. Por lo tanto, la decisión de una inversión y su mejor ubicación debe fundamentarse en dos hechos: a) que el proyecto no genere impactos ambientales severos, comprometiendo la conservación de los ecosistemas y recursos naturales, así como el desarrollo de las actividades económicas, la identidad y el patrimonio sociocultural de la población inmersa en su zona de influencia y b) que el proyecto asegure el cumplimiento al marco regulatorio que le aplique.

Para tener una conducta empresarial responsable y atender las regulaciones nacionales e internacionales en materia de sostenibilidad, actualmente las empresas requieren un estudio de Debida Diligencia para poder identificar, prevenir, mitigar y explicar cómo abordan los impactos negativos reales y potenciales que provocan en sus propias actividades, su cadena de suministro y sus relaciones comerciales. De igual forma, las empresas que desean adquirir algún proyecto o las entidades financieras y crediticias que otorgan financiamiento, deben contar con este tipo de estudios y procesos.